29.10.16

El debate territorial y la investidura de Rajoy



Las elecciones del 26 J hubieran permitido un Gobierno de centro derecha si la derecha nacionalista española, PP y Ciudadanos, fuera capaz de entenderse con la derecha nacionalista catalana y vasca.
Frente al reto nacionalista, Mariano Rajoy ha sido investido por el frente constitucionalista, la triple alianza de PP y Ciudadanos con la abstención del PSOE. Una alianza que se corresponde con la de socialistas, populares y liberales en el Parlamento Europeo. Una alianza que comparte en gran medida las políticas económicas neoliberales dominantes en Europa y en el mundo en las últimas décadas.
Mariano Rajoy, político profesional del PP desde el año 1981, máximo responsable político hoy en día de las décadas de corrupción de su partido, el Mariano del “Luis, se fuerte” como mensaje de ánimo y solidaridad con las ovejas negras pilladas in fraganti, vuelve a ser presidente sin mover ni una ceja, recogiendo la fruta madura de las incoherencias ajenas.
Más de cinco  años de movilizaciones desde el nacimiento del 15M, la irrupción de Podemos, la conquista de los ayuntamientos del cambio con las confluencias ciudadanas municipalistas, dos elecciones generales y dos fracasos para articular una mayoría política de cambio, se han estrellado contra la aritmética parlamentaria, propiciando la continuidad de las políticas contra las que una mayoría social se había rebelado propiciando un terremoto electoral y la alteración definitiva del sistema de partidos surgido de la Transición, con el fin del bipartidismo.
Existían alternativas a un Gobierno popular. La más razonable la de un Gobierno del PSOE, Unidos Podemos y las confluencias con la abstención de nacionalistas vascos y catalanes. Pero el federalismo histórico del PSOE es como su republicanismo: histórico.
Si analizamos el sistema de partidos actual desde el eje del debate territorial, que tanto está crispando y condicionando el debate político, vemos dos extremos:
Ciudadanos como máximo representante de un nacionalismo español recentralizador, fiel aliado del Partido Popular, defensor a su vez, del status quo autonómico. La derecha nacionalista española niega la existencia de una nación catalana o vasca. La Constitución del 78 introdujo el término “Nacionalidades históricas” como difícil cuadratura del círculo en el debate territorial que en nada altera la definición de la nación española como una e indivisible.
En el otro extremo estarían los independentistas catalanes y vascos.
No deja de ser significativo que Unidos Podemos fuera la fuerza política más votada en Cataluña y Pais Vasco en las Generales. Precisamente porque se sitúa en el centro del debate territorial. La única fuerza política de ámbito estatal que defiende el derecho a decidir, el último puente que queda entre partidos estatales y periféricos.
El PSOE no solo no tiene perfil propio, sino que está fracturado, como evidencia la posición del PSC en el debate de investidura. Los socialistas han pagado muy caro en Catalunya y Euskadi la posición del PSOE contraria al derecho a decidir. Hay que decir que en el franquismo y el inicio de la transición los socialistas compartieron con el resto de la izquierda el derecho de autodeterminación de las nacionalidades históricas. Si bien el régimen autonómico supuso un avance histórico en el autogobierno de nacionalidades y regiones, hoy pagamos la debilidad del consenso constitucional del 78 (del que no participaron los nacionalistas vascos). Del “derecho de autodeterminación de las nacionalidades históricas” solo entró en la Constitución el término nacionalidades históricas, vinculado a los estatutos de autonomía de la República. El derecho a decidir quedó fuera del consenso constitucional.
Pero hoy ese consenso constitucional está roto. Hay una fractura entre la triple alianza que sustenta al gobierno del PP y el resto de la cámara que cuestiona la Constitución del 78.
Del mismo modo, la reforma expres de la Constitución pactada por PP y PSOE para poner el pago de la deuda por encima de los derechos constitucionales, supone la ruptura del consenso constitucional en el debate social.

El derecho a decir es el único punto posible de encuentro entre los dos bloques nacionalistas antagónicos. El único que permite un debate abierto, transparente, informado y  finalmente una decisión democrática de la sociedad. Se ha hecho tres veces en Quebec, se ha hecho en Escocia. Y al final se hará en Catalunya, si no al tiempo. Cuanto más se retrase el proceso, más crecerán los partidarios de la independencia.
La triple alianza del frente constitucional rechaza radicalmente el derecho a decidir. Fueron las líneas rojas del PSOE que impidieron un Gobierno de izquierdas con apoyo de los nacionalistas periféricos.
Se inicia una legislatura incierta, en la que de momento solo hay continuismo en las políticas de la desigualdad y los recortes,  y falta absoluta de diálogo en el debate territorial -hoy por hoy un debate de sordos-. El PP gobierna en minoría, cierto, pero con Ciudadanos como subalterno y fiel escudero y con un PSOE rendido y entregado a cambio de nada y con una dolorosa fractura interna.
En este panorama, Unidos Podemos y las confluencias, tiene la responsabilidad de liderar una alternativa de Gobierno. Y para ello debe convencer de su capacidad para gestionar y gobernar.
Podemos nació para gobernar de otra manera, para la mayoría de las personas. Sería un error ahora retirarse al rincón de la izquierda. Muy al contrario, el enfrentamiento territorial, la situación comatosa del PSOE y la debilidad de Ciudadanos, deja a Unidos Podemos un espacio político que si se gestiona con inteligencia será capaz de liderar la oposición y construir una nueva mayoría política.
Los Verdes Europeos tienen una larga tradición de colaboración con partidos nacionalistas de izquierdas agrupados en la Alianza Libre Europea asociada al grupo de Los Verdes en el Parlamento Europeo. EQUO como miembro del Partido Verde Europeo y de la coalición Unidos Podemos tiene mucho que aportar en el debate territorial.
Como ecologistas defendemos las biorregiones, la necesidad de gestionar conjuntamente cuencas fluviales, litorales, espacios naturales, que afectan a dos o más estados, porque la naturaleza no entiende de fronteras administrativas. Somos partidarios de una Unión Europea federal, con un Parlamento soberano y una presidencia elegida por la ciudadanía europea. De hecho hemos sido el único partido europeo que eligió en primarias a sus candidatas a la presidencia de la Comisión y el Parlamento europeos.
Por otro lado las lenguas y culturas minoritarias forman parte del patrimonio cultural europeo y deben ser protegidas. Del mismo modo que defendemos la biodiversidad, también la diversidad cultural y lingüística debe ser respetada y protegida como patrimonio de la humanidad.
Cuando una determinada comunidad cultural o lingüística se siente a sí misma como nación, de forma mayoritaria, negar la existencia de un hecho nacional diferencial, es negar la evidencia. Las naciones son construcciones históricas que evolucionan. La sentencia del Tribunal Constitucional contra el Estatut de Catalunya  hizo que saltara por los aires el consenso constitucional en el debate territorial.
Personalmente la independencia de Catalunya me produciría una profunda tristeza y lo consideraría como el fracaso de una convivencia secular. Puestos a imaginar un marco estatal diferente al actual mucho más me ilusionaría una convergencia hispano portuguesa en alguna suerte de confederación ibérica en la que catalanes y vascos participara en pie de igualdad. Una fantasía, minoritaria en la sociedad portuguesa y que nadie ha planteado hasta ahora en España. Tras la unificación de Alemania y el Brexit, la UE se ha hecho demasiado alemana. La Europa del sur paga las consecuencias. Una Confederacion Ibérica tendría el peso de Francia e Italia permitiendo un cierto reequilibrio europeo.
Pero en el debate territorial hay un tercer elemento del que se habla poco: el municipio. La administración local es la hermana pobre de las administraciones públicas. Mal financiada, privada de autonomía, encorsetada e intervenida por la administración central.
La sociedad actual requiere una gobernanza multivel, en donde lo local es al ámbito más próximo a la ciudadanía, responsable de proveer servicios básicos. Un nuevo pacto territorial debería incluir junto con el encaje de las nacionalidades históricas la descentralización pendiente en el ámbito municipal con un reequilibrio presupuestario del reparto entre administraciones central, autonómica y local..
Con frecuencia los cambios políticos se inician en el ámbito municipal. Los llamados  ayuntamientos del cambio son la carta de presentación de Unidos Podemos como gestores de lo público. El éxito de la gestión municipal condiciona la credibilidad de Unidos Podemos como alternativa de Gobierno.
Pero volviendo al debate territorial, hay un territorio que condiciona todas las opciones de futuro: el planeta, un planeta finito, sobrexplotado que entra en la era del Antropoceno y se enfrenta a los retos del Cambio Climático, la pérdida de biodiversidad y el agotamiento de los recursos naturales.
Ante la ausencia de una Gobernanza Global y la incapacidad de los Gobiernos y las NNUU para avanzar en acuerdos y compromisos vinculantes que garanticen una transición energética 100% renovable en 2050, con una economía descarbonizada que impida la subida de la temperatura media del planeta en más de 1,5 grados, las ciudades, responsables de más del 70% de las emisiones deben liderar el cambio.
Las ciudades y municipios tienen por tanto un papel relevante globalmente y también en la construcción de una mayoría política que es plural y aspira a ampliar su confluencia con las fuerzas políticas y sociales dispuestas a abrir un tiempo nuevo.
No será la recuperación del patrimonio simbólico de la izquierda lo que permita construir una nueva mayoría política. El municipalismo, la asunción del carácter plurinacional del estado, la equidad, la igualdad real entre hombres y mujeres, la justicia social y ambiental, el respeto a los animales y el medio natural, la capacidad para cooperar en red en las diversas causas que nos unen, son los colores de una diversidad política fruto de la confluencia por el cambio.
Unidos Podemos debe liderar la oposición, pero también debería ser capaz de dialogar con todos los grupos de la cámara y llegar acuerdos puntuales cuando sea posible. Habrá que ver como afrontan los socialistas su fractura interna, pero hoy por hoy es difícilmente viable una alternativa de gobierno que no incluya a los socialistas. Por más que la crisis del PSOE sea una oportunidad para Unidos Podemos, el derrumbe de los socialistas no es una buena noticia.
Unidos Podemos, además de firmeza en la oposición deberá demostrar capacidad de diálogo y negociación en un parlamento muy plural, en el que la falta de mayoría absoluta del PP podría propiciar algunos avances en la regeneración democrática, la reforma electoral o la lucha contra la corrupción.


Video Comisión Europea por Día Mundial del Sida

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