La quiebra del consenso constitucional del 78

Los años transcurridos desde la aprobación de la Constitución del 78 y los cambios sociales y políticos vividos desde entonces, justifican la puesta al día constitucional. Los grandes partidos han estado bloqueando durante años el debate sobre la posible reforma constitucional, hasta la Reforma Expres pactada por PP y PSOE para introducir el dogma del límite del deficit público sin debate ni ciudadano ni parlamentario. Han sido los grandes partidos quienes han hecho evidente la quiebra del consenso constitucional al imponer su reforma sin contar con otros actores políticos. Desde entonces, la crisis de legitimidad de nuestras instituciones, desde la Monarquía hasta la Judicatura, pasando por el Gobierno y el propio Parlamento no hecho más que agudizarse.
 La convocatoria del 25S, con todas las dudas que planteó su convocatoria inicial, ha puesto de manifiesto la ruptura entre un creciente sector de la ciudadanía y el regimen político nacido del consenso constitucional alcanzado durante la transición. El intento del Gobierno y la derecha mediática de criminalizar esta convocatoria, con las imputaciones ante la Audiencia Nacional antes del día 25 y la desproporcionada actuación de la policía el día de la protesta, no ha hecho sino aumentar el apoyo social y político a esta iniciativa aumentando la fractura entre las instituciones y un amplio sector de la ciudadanía.
Por otro lado, la manifestación a favor de la Independencia de Cataluña el 11 de septiembre y la convocatoria de elecciones anticipadas, primero en Galicia y Pais Vasco y ahora también en Cataluña, hace evidente la necesidad de un debate y un nuevo pacto sobre el encaje institucional de las nacionalidades históricas, particularmente la catalana. Vemos como aumentan simultaneamente tanto el independentismo como la involución en un sentido centralista ya sea con la devolución de competencias autonómicas al estado central o con la disolución del estado autonómico.
Desde Equo planteamos ya en nuestro programa electoral para las generales de 2011 la necesidad de un Reforma Constitucional en profundidad, declarándonos a favor de un modelo federal que culmine al estado autonómico y de respuesta a las tensiones territoriales. También nos declaramos a favor de la República como forma de estado y de una Reforma electoral y política que garantice tanto la representación proporcional de las diferentes opciones políticas como la exigencia de transparencia democracia en unos partidos políticos exclerotizados y controlados por unos aparatos en los que la ciudadanía no tiene ninguna posibilidad de influir.
Pero, hablemos de una Reforma Constitucional, o de un Proceso Constituyente, la profunda crisis política e institucional que vivimos, exige la conformación de una nueva  mayoría política y social que la haga posible. Para ello es necesario continuar el actual proceso de movilización social, pero también el fortalecimiento de redes por el cambio que de forma inclusiva y trasversal sumen la voluntad y las propuestas de la sociedad civil y sus muy diversas organizaciones y colectivos.
Lo que parece claro es que el periodo histórico que se abrió con la Transición y la restauración de la Democracia, toca a su fin y hace necesario un nuevo pacto social, que entre otras cosas restituya la soberanía de la política democrática, literalmente secuestrada por el capital financiero internacional y sus imposiciones para acabar con los derechos sociales y políticos que todavía consagra formalmente la Constitución vigente.