Las elecciones del 26 J hubieran permitido un Gobierno de
centro derecha si la derecha nacionalista española, PP y Ciudadanos, fuera
capaz de entenderse con la derecha nacionalista catalana y vasca.
Frente al reto nacionalista, Mariano Rajoy ha sido investido
por el frente constitucionalista, la triple alianza de PP y Ciudadanos con la
abstención del PSOE. Una alianza que se corresponde con la de socialistas,
populares y liberales en el Parlamento Europeo. Una alianza que comparte en
gran medida las políticas económicas neoliberales dominantes en Europa y en el
mundo en las últimas décadas.
Mariano Rajoy, político profesional del PP desde el año 1981,
máximo responsable político hoy en día de las décadas de corrupción de su partido,
el Mariano del “Luis, se fuerte” como mensaje de ánimo y solidaridad con las
ovejas negras pilladas in fraganti, vuelve a ser presidente sin mover ni una
ceja, recogiendo la fruta madura de las incoherencias ajenas.
Más de cinco años de
movilizaciones desde el nacimiento del 15M, la irrupción de Podemos, la
conquista de los ayuntamientos del cambio con las confluencias ciudadanas
municipalistas, dos elecciones generales y dos fracasos para articular una mayoría
política de cambio, se han estrellado contra la aritmética parlamentaria,
propiciando la continuidad de las políticas contra las que una mayoría social
se había rebelado propiciando un terremoto electoral y la alteración definitiva
del sistema de partidos surgido de la Transición, con el fin del bipartidismo.
Existían alternativas a un Gobierno popular. La más razonable
la de un Gobierno del PSOE, Unidos Podemos y las confluencias con la abstención
de nacionalistas vascos y catalanes. Pero el federalismo histórico del PSOE es
como su republicanismo: histórico.
Si analizamos el sistema de partidos actual desde el eje del
debate territorial, que tanto está crispando y condicionando el debate político,
vemos dos extremos:
Ciudadanos como máximo representante de un nacionalismo
español recentralizador, fiel aliado del Partido Popular, defensor a su vez, del
status quo autonómico. La derecha nacionalista española niega la existencia de una
nación catalana o vasca. La Constitución del 78 introdujo el término “Nacionalidades
históricas” como difícil cuadratura del círculo en el debate territorial que en
nada altera la definición de la nación española como una e indivisible.
En el otro extremo estarían los independentistas catalanes y
vascos.
No deja de ser significativo que Unidos Podemos fuera la
fuerza política más votada en Cataluña y Pais Vasco en las Generales.
Precisamente porque se sitúa en el centro del debate territorial. La única fuerza
política de ámbito estatal que defiende el derecho a decidir, el último puente
que queda entre partidos estatales y periféricos.
El PSOE no solo no tiene perfil propio, sino que está
fracturado, como evidencia la posición del PSC en el debate de investidura. Los
socialistas han pagado muy caro en Catalunya y Euskadi la posición del PSOE
contraria al derecho a decidir. Hay que decir que en el franquismo y el inicio
de la transición los socialistas compartieron con el resto de la izquierda el
derecho de autodeterminación de las nacionalidades históricas. Si bien el régimen
autonómico supuso un avance histórico en el autogobierno de nacionalidades y
regiones, hoy pagamos la debilidad del consenso constitucional del 78 (del que
no participaron los nacionalistas vascos). Del “derecho de autodeterminación de
las nacionalidades históricas” solo entró en la Constitución el término
nacionalidades históricas, vinculado a los estatutos de autonomía de la
República. El derecho a decidir quedó fuera del consenso constitucional.
Pero hoy ese consenso constitucional está roto. Hay una
fractura entre la triple alianza que sustenta al gobierno del PP y el resto de
la cámara que cuestiona la Constitución del 78.
Del mismo modo, la reforma expres de la Constitución pactada
por PP y PSOE para poner el pago de la deuda por encima de los derechos
constitucionales, supone la ruptura del consenso constitucional en el debate
social.
El derecho a decir es el único punto posible de encuentro
entre los dos bloques nacionalistas antagónicos. El único que permite un debate
abierto, transparente, informado y finalmente una decisión democrática de la
sociedad. Se ha hecho tres veces en Quebec, se ha hecho en Escocia. Y al final
se hará en Catalunya, si no al tiempo. Cuanto más se retrase el proceso, más
crecerán los partidarios de la independencia.
La triple alianza del frente constitucional rechaza radicalmente
el derecho a decidir. Fueron las líneas rojas del PSOE que impidieron un
Gobierno de izquierdas con apoyo de los nacionalistas periféricos.
Se inicia una legislatura incierta, en la que de momento
solo hay continuismo en las políticas de la desigualdad y los recortes, y falta absoluta de diálogo en el debate
territorial -hoy por hoy un debate de sordos-. El PP gobierna en minoría,
cierto, pero con Ciudadanos como subalterno y fiel escudero y con un PSOE
rendido y entregado a cambio de nada y con una dolorosa fractura interna.
En este panorama, Unidos Podemos y las confluencias, tiene
la responsabilidad de liderar una alternativa de Gobierno. Y para ello debe
convencer de su capacidad para gestionar y gobernar.
Podemos nació para gobernar de otra manera, para la mayoría
de las personas. Sería un error ahora retirarse al rincón de la izquierda. Muy
al contrario, el enfrentamiento territorial, la situación comatosa del PSOE y
la debilidad de Ciudadanos, deja a Unidos Podemos un espacio político que si se
gestiona con inteligencia será capaz de liderar la oposición y construir una
nueva mayoría política.
Los Verdes Europeos tienen una larga tradición de
colaboración con partidos nacionalistas de izquierdas agrupados en la Alianza Libre
Europea asociada al grupo de Los Verdes en el Parlamento Europeo. EQUO como
miembro del Partido Verde Europeo y de la coalición Unidos Podemos tiene mucho
que aportar en el debate territorial.
Como ecologistas defendemos las biorregiones, la necesidad
de gestionar conjuntamente cuencas fluviales, litorales, espacios naturales,
que afectan a dos o más estados, porque la naturaleza no entiende de fronteras
administrativas. Somos partidarios de una Unión Europea federal, con un
Parlamento soberano y una presidencia elegida por la ciudadanía europea. De
hecho hemos sido el único partido europeo que eligió en primarias a sus
candidatas a la presidencia de la Comisión y el Parlamento europeos.
Por otro lado las lenguas y culturas minoritarias forman
parte del patrimonio cultural europeo y deben ser protegidas. Del mismo modo
que defendemos la biodiversidad, también la diversidad cultural y lingüística debe
ser respetada y protegida como patrimonio de la humanidad.
Cuando una determinada comunidad cultural o lingüística se
siente a sí misma como nación, de forma mayoritaria, negar la existencia de un
hecho nacional diferencial, es negar la evidencia. Las naciones son
construcciones históricas que evolucionan. La sentencia del Tribunal Constitucional
contra el Estatut de Catalunya hizo que
saltara por los aires el consenso constitucional en el debate territorial.
Personalmente la independencia de Catalunya me produciría
una profunda tristeza y lo consideraría como el fracaso de una convivencia
secular. Puestos a imaginar un marco estatal diferente al actual mucho más me
ilusionaría una convergencia hispano portuguesa en alguna suerte de confederación
ibérica en la que catalanes y vascos participara en pie de igualdad. Una
fantasía, minoritaria en la sociedad portuguesa y que nadie ha planteado hasta
ahora en España. Tras la unificación de Alemania y el Brexit, la UE se ha hecho
demasiado alemana. La Europa del sur paga las consecuencias. Una Confederacion
Ibérica tendría el peso de Francia e Italia permitiendo un cierto reequilibrio
europeo.
Pero en el debate territorial hay un tercer elemento del que
se habla poco: el municipio. La administración local es la hermana pobre de las
administraciones públicas. Mal financiada, privada de autonomía, encorsetada e
intervenida por la administración central.
La sociedad actual requiere una gobernanza multivel, en donde
lo local es al ámbito más próximo a la ciudadanía, responsable de proveer
servicios básicos. Un nuevo pacto territorial debería incluir junto con el
encaje de las nacionalidades históricas la descentralización pendiente en el
ámbito municipal con un reequilibrio presupuestario del reparto entre
administraciones central, autonómica y local..
Con frecuencia los cambios políticos se inician en el ámbito
municipal. Los llamados ayuntamientos
del cambio son la carta de presentación de Unidos Podemos como gestores de lo
público. El éxito de la gestión municipal condiciona la credibilidad de Unidos
Podemos como alternativa de Gobierno.
Pero volviendo al debate territorial, hay un territorio que
condiciona todas las opciones de futuro: el planeta, un planeta finito,
sobrexplotado que entra en la era del Antropoceno y se enfrenta a los retos del
Cambio Climático, la pérdida de biodiversidad y el agotamiento de los recursos
naturales.
Ante la ausencia de una Gobernanza Global y la incapacidad
de los Gobiernos y las NNUU para avanzar en acuerdos y compromisos vinculantes
que garanticen una transición energética 100% renovable en 2050, con una
economía descarbonizada que impida la subida de la temperatura media del
planeta en más de 1,5 grados, las ciudades, responsables de más del 70% de las
emisiones deben liderar el cambio.
Las ciudades y municipios tienen por tanto un papel
relevante globalmente y también en la construcción de una mayoría política que
es plural y aspira a ampliar su confluencia con las fuerzas políticas y
sociales dispuestas a abrir un tiempo nuevo.
No será la recuperación del patrimonio simbólico de la
izquierda lo que permita construir una nueva mayoría política. El
municipalismo, la asunción del carácter plurinacional del estado, la equidad, la
igualdad real entre hombres y mujeres, la justicia social y ambiental, el
respeto a los animales y el medio natural, la capacidad para cooperar en red en
las diversas causas que nos unen, son los colores de una diversidad política
fruto de la confluencia por el cambio.
Unidos Podemos debe liderar la oposición, pero también
debería ser capaz de dialogar con todos los grupos de la cámara y llegar acuerdos
puntuales cuando sea posible. Habrá que ver como afrontan los socialistas su
fractura interna, pero hoy por hoy es difícilmente viable una alternativa de
gobierno que no incluya a los socialistas. Por más que la crisis del PSOE sea
una oportunidad para Unidos Podemos, el derrumbe de los socialistas no es una
buena noticia.
Unidos Podemos, además de firmeza en la oposición deberá
demostrar capacidad de diálogo y negociación en un parlamento muy plural, en el
que la falta de mayoría absoluta del PP podría propiciar algunos avances en la
regeneración democrática, la reforma electoral o la lucha contra la corrupción.
